En un sorpresivo acto de autonomía, una importante cantidad de
jueces, fiscales y defensores públicos emitieron un contracomunicado que
desdice aquel publicado el jueves por los dirigentes de la Comisión
Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de
Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la
Magistratura. En parte impulsados por el fastidio y en parte también por
el orgullo propio de no ser asociados a quienes enarbolan la bandera de
la independencia signada por los intereses del Grupo Clarín, más de 200
jueces, fiscales, defensores públicos y personalidades del mundo
académico rechazaron las expresiones de agravio contenidas en el
comunicado redactado por el Ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos
Maqueda, y puesto en circulación para su firma por el mismísimo
Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, según informó el viernes
pasado Horacio Verbitsky.
"...la independencia del Poder
Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe
entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del
Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los
intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de
comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e
-incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los
representan", dice este nuevo comunicado emitido por un importante
sector del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación y que se
titula "Una Justicia Legítima".
Entre los firmantes se encuentran, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; Alejandro Slokar, juez de Casación; Javier de Luca, fiscal de Casación; la Ministra del Tribunal Superior de la Ciudad, Alicia Ruiz; el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; el fiscal de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Jorge Auat; más de 20 Rectores y Decanos de Universidades Nacionales y Provinciales; camaristas, jueces y fiscales de todo el país.
Para ellos, la legitimación del accionar judicial debe recaer exclusivamente en los ciudadanos. Es a ellos a quienes deben su actuar, que no debería ser otro que la defensa del sistema democrático y republicano establecido por la Constitución de nuestro país. De modo que la pretensión de los autores y firmantes del comunicado del pasado jueves 6 de diciembre de limitar el derecho de crítica de los magistrados de la Nación, implicaría un cercenamiento de los derechos y garantías de la ciudadanía en general.
En este sentido, el comunicado redactado por Maqueda, puesto a circular por Lorenzetti, convalidado por Highton y Argibay a través de la Comisión de Protección de la Independencia Judicial que coordinan, por Luis María Cabral -Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN)- y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero -Vicepresidente de la AMFJN y camarista del fuero comercial-, por Luis Francisco Lozano y María del Carmen Battaini - autoridades de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, y Víctor María Vélez y María Rosa Caballero de Aguiar -Federación Argentina de la Magistratura-, sólo refleja la opinión que de sí mismos tienen esos magistrados y que no coincide, en absoluto, con la opinión que tienen los ciudadanos, que siempre atribuyen bajos porcentajes de honestidad a los jueces.
¿Acaso alguien puede decir que las decisiones tomadas por la Justicia sean siempre las más correctas, guiadas únicamente por la imparcialidad, la objetividad y el altruismo? ¿Acaso el Poder Judicial es un Poder libre de error, corrupción o, incluso, personalismos que atentan contra un mejor y sano desarrollo de la sociedad?
La Justicia no siempre es justa. Por ello existen diversas instancias, para la revisión de las decisiones tomadas. Por eso existe el Consejo de la Magistratura, para someter a enjuiciamiento cualquier conducta indebida de los magistrados.
Pretender que no se hable de ello es pretender que el sistema funciona a la perfección, cuando todos sabemos que no es así. "Lo que no se nombra, no existe", decía Witttgenstein.
No hay nada más importante que la libertad de expresión, el debate, la discusión. Los jueces, fiscales y defensores públicos deben poder hacerse cargo de sus decisiones frente a todo aquel que las cuestione. El que no pueda hacerlo no está ejerciendo la responsabilidad de su cargo como debiera.
Entre los firmantes se encuentran, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; Alejandro Slokar, juez de Casación; Javier de Luca, fiscal de Casación; la Ministra del Tribunal Superior de la Ciudad, Alicia Ruiz; el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; el fiscal de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Jorge Auat; más de 20 Rectores y Decanos de Universidades Nacionales y Provinciales; camaristas, jueces y fiscales de todo el país.
Para ellos, la legitimación del accionar judicial debe recaer exclusivamente en los ciudadanos. Es a ellos a quienes deben su actuar, que no debería ser otro que la defensa del sistema democrático y republicano establecido por la Constitución de nuestro país. De modo que la pretensión de los autores y firmantes del comunicado del pasado jueves 6 de diciembre de limitar el derecho de crítica de los magistrados de la Nación, implicaría un cercenamiento de los derechos y garantías de la ciudadanía en general.
En este sentido, el comunicado redactado por Maqueda, puesto a circular por Lorenzetti, convalidado por Highton y Argibay a través de la Comisión de Protección de la Independencia Judicial que coordinan, por Luis María Cabral -Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN)- y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero -Vicepresidente de la AMFJN y camarista del fuero comercial-, por Luis Francisco Lozano y María del Carmen Battaini - autoridades de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, y Víctor María Vélez y María Rosa Caballero de Aguiar -Federación Argentina de la Magistratura-, sólo refleja la opinión que de sí mismos tienen esos magistrados y que no coincide, en absoluto, con la opinión que tienen los ciudadanos, que siempre atribuyen bajos porcentajes de honestidad a los jueces.
¿Acaso alguien puede decir que las decisiones tomadas por la Justicia sean siempre las más correctas, guiadas únicamente por la imparcialidad, la objetividad y el altruismo? ¿Acaso el Poder Judicial es un Poder libre de error, corrupción o, incluso, personalismos que atentan contra un mejor y sano desarrollo de la sociedad?
La Justicia no siempre es justa. Por ello existen diversas instancias, para la revisión de las decisiones tomadas. Por eso existe el Consejo de la Magistratura, para someter a enjuiciamiento cualquier conducta indebida de los magistrados.
Pretender que no se hable de ello es pretender que el sistema funciona a la perfección, cuando todos sabemos que no es así. "Lo que no se nombra, no existe", decía Witttgenstein.
No hay nada más importante que la libertad de expresión, el debate, la discusión. Los jueces, fiscales y defensores públicos deben poder hacerse cargo de sus decisiones frente a todo aquel que las cuestione. El que no pueda hacerlo no está ejerciendo la responsabilidad de su cargo como debiera.
Claudio Poggi gobierna desde diciembre, luego de ser funcionario durante dos décadas.
La
polémica que el oficialismo intentó instalar como una “discriminación”
hacia la provincia de San Luis está tomando otros rumbos. Concejales de
la oposición cuestionaron a la rectora de la Universidad Nacional
de Villa Mercedes, Gladys Ciuffo, y quien la llevó al cargo, el senador
Daniel Pérsico, porque no hicieron las gestiones para la aprobación del
proyecto institucional y acreditación de carreras, lo que impide que la Nación autorice mayor presupuesto. Pidieron que la nueva universidad esté a cargo de villamercedinos.
“Voy
a cambiar mi domicilio de San Luis como seña inequívoca de que el
gobernador de San Luis será Claudio Poggi”, había dicho Alberto
Rodríguez Saá en noviembre pasado, durante un acto en Córdoba. Los
hechos de los últimos días demuestran que el ex gobernador mintió. Ni
deja a su “delfín” gobernar tranquilo la provincia, ni se “mudó” a
Buenos Aires para eso. Medios nacionales ya lo incorporan en la lista de
candidatos por la Ciudad de Buenos Aires para el Congreso en las
elecciones 2013.
Nuestro dolor por el reciente fallecimiento del Compañero Dr. Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos del Gobierno Nacional. Su vida como defensor de presos politicos junto a Ortega Peña en los setenta y su labor como funcionario encargado de concretar las politicas de Derechos Humanos en la Republica Argentina desde el 2003 lo enaltecen como profesional y persona de bien comprometido politicamente y lo convierten en el modelo del militante y servidor publico.