La Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que el "robo" de hijos de desaparecidos y la supresión de su identidad mediante la falsificación de sus documentos, son delitos de lesa humanidad y no prescriben.
La decisión la adoptó la Sala II del máximo tribunal penal al endurecer un fallo del Tribunal Oral Federal 5, que el 4 de abril del 2008 condenó a diez años de cárcel al militar retirado Enrique Berthier, y a ocho y siete años respectivamente a Osvaldo Arturo Rivas y Maria Cristina Gomez Pinto por anotar como propia a Eugenia Sampallo Barragán, hija de desaparecidos nacida en cautiverio.
En un fallo dictado el 8 de septiembre último pero conocido recien ahora, los jueces de casación Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci, agregaron al veredicto del TOF 5 contra el militar y el matrimonio el delito de "alteración del estado civil" de la víctima, lo que no había dicho el tribunal compuesto por los jueces Luis Renzi, Andrés Gordo y Ricardo Farías.
Berthier, un ex capitán que entregó a la nena con un cerificado de nacimiento falso firmado por el fallecido medico militar Julio César Cáceres Monier, cumple su pena en el penal de Campo de Mayo, mientras que Rivas y Gomez Pinto siguen en libertad hasta que el fallo quede firme.
El fiscal del juicio Félix Croux y el abogado Tomás Ojea Quintana, abogado de la víctima y querellante, habían pedido para los apropiadores una pena de 25 años de prisión.
Según se dijo en el juicio, la pareja recibió a la nena de solo tres meses de manos de Bethier, luego de que su madre, Mirta Barragán la diera a luz tras su secuestro y traslado junto a su marido Leonardo Sampallo, a los centros clandestinos "Club Atlético" y "El Banco", en diciembre de 1977.
En su fallo, la Sala II de Casación ratificó la extrema gravedad de estos delitos, al considerarlos imprescriptibles.
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El país|Viernes, 13 de noviembre de 2009 MADUEÑO, EMBLEMA DE LA REPRESION EN BAHIA BLANCA
Un ex juez preso por encubridor
Por Diego Martínez
Luego de tres meses de investigación y sin recompensas de por medio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a Guillermo Federico Madueño, que tenía pedido de captura desde abril por encubrir crímenes de lesa humanidad como juez federal de Bahía Blanca durante la dictadura. El ex magistrado integró hasta 2004 el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF-5) y es hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. De la investigación de la PSA surge que estaba escondido en un departamento en avenida San Juan 270, 3º “11”, alquilado por Hernán Horacio Rubio, un escribano mencionado el año pasado en una denuncia del Ministerio de Defensa contra militares y civiles por fraguar licitaciones para hacer negocios a costa del Estado. El prófugo mantenía estrecho contacto con Ana Delia Vargas González, una señora paraguaya de 45 años que hasta ayer servía mate y café en el TOF-5, el mismo tribunal que desde el jueves próximo juzgará a Astiz, Acosta & Cía.
Madueño fue entre 1975 y 1978 la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Acdel Vilas. De día rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del TOF-5, Madueño condenó al apropiador de Claudia Poblete. En 2004, Página/12 publicó su historia negra y el CELS pidió su juicio político. Renunció cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo. En octubre de 2006, el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que el juez Alcindo Alvarez Canale ordenó recién el 20 de abril último. El 27 de julio, a casi dos años del pedido a la Policía Federal para que detuviera al prófugo más antiguo de la causa, coronel Aldo Mario Alvarez, el fiscal federal ad hoc, Abel Córdoba, requirió la intervención de la PSA y le encomendó también buscar a Madueño, símbolo de la inserción en instituciones democráticas de los cómplices civiles del terrorismo de Estado.
El viernes, la PSA informó al fiscal que el prófugo usaba una línea de teléfono de Rubio para comunicarse con familiares y con Vargas González, quien ese día viajó a Paraguay a visitar a su padre enfermo, de 84 años. Escribano y ordenanza hablaban de Madueño en clave. La mujer le informó que la policía vigilaba el edificio donde supo vivir el ex juez “porque el fiscal los tiene locos”, en referencia a Córdoba, que no en vano se formó junto al ex fiscal Hugo Cañón. Los investigadores también descubrieron que la empleada del TOF-5 “habría visitado o visto” al prófugo e informaron que el escribano Rubio le dijo a la dueña del departamento que el huésped era su primo y estaba enfermo.
El miércoles, la PSA confirmó la ubicación del escondite y solicitó al fiscal que gestionara la orden de allanamiento, que finalmente libró el juez federal Ariel Lijo. La detención se concretó a las cinco de la tarde e incluyó el secuestro de carpetas con documentos de su misión en Bahía Blanca. Madueño se manifestó sorprendido y, según los investigadores que lo vieron, goza de buena salud. Minutos después llegaron el escribano amigo y la novia, que ayer se reincorporó al TOF-5.
“Por su lugar en la estructura represiva y por la impunidad que creía tener hasta hace apenas cinco años, Madueño es uno de los símbolos del terrorismo de Estado en Bahía Blanca”, reflexionó el fiscal Córdoba. “Su contribución a la represión ilegal consistió en obstaculizar el acceso de las familias a la Justicia, tarea que aún hoy rinde frutos, ya que impidió que existieran líneas investigativas mientras se cometían torturas y asesinatos”, concluyó.
