Qué provincias esconden bajo llave el patrimonio de sus gobernadores
Un mapa con los distritos más abiertos,
los que imponen restricciones a la información y aquellos que ni
siquiera tienen una ley de ética pública
"Yo quisiera que alguien me explicara el crecimiento patrimonial de los Kirchner". Con esa frase, el actor Ricardo Darín generó, tal vez sin quererlo, una airada reacción
de la Presidenta que encendió el debate respecto de la información
disponible de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Cristina Kirchner mostró su enojo con el actor en una dura carta en la que también apuntó sus dardos contra el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, a quién le reprochó atesorar
parte de sus ahorros en dólares. Pero el mensaje de la jefa del Estado
fue más allá de los límites del conurbano bonaerense y de las cuentas
bancarias del mandatario: "Nadie parece preocuparse por ninguna otra
Declaración Jurada que no sea la de 'Los Kirchner (sic). Sólo se conocen
fotos de las casas en que vivíamos nosotros, y ahora habito solamente
con mi hija".
Las declaraciones juradas de la Presidenta y de todo el gabinete
están disponibles para cualquier ciudadano, pero el acceso a la
información respecto del patrimonio de los gobernantes es al menos
engorroso en 18 provincias del país.
Según un relevamiento realizado por LA NACION, Buenos
Aires, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, Misiones, La Rioja y
Formosa no tienen ley de ética pública, a pesar de que esa norma [ la 25.188 ] se sancionó en el Congreso de la Nación a fines de 1999.
En una zona difusa se ubican las provincias de Jujuy,
Chubut, Santiago del Estero, Río Negro, San Juan, Catamarca, Santa Cruz,
San Luis, Corrientes y La Pampa. En esos distritos se realizaron
avances, pero los mecanismos de transparencia no funcionan en la
práctica por varios motivos. Pero principalmente porque la ley aún no
está reglamentada o no se aplica.
¿Qué provincias se adaptaron a la legislación nacional?
Córdoba, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco permiten un libre
acceso a las declaraciones juradas de sus funcionarios.
En la ciudad de Buenos Aires cualquier persona puede gestionar la declaración patrimonial
de Mauricio Macri y sus ministros ante la Escribanía General de
Gobierno, según establece el decreto 1381. Sin embargo, la Capital no
tiene una norma de ética pública. Desde Poder Ciudadano advirtieron que
el proceso para obtener la documentación de los funcionarios porteños es
"complejo y tedioso". "Hay que hacer una presentación por escrito,
pedir una por una e insistir", contó Germán Emanuele, coordinador del
Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de la ONG.
Bajo llave
En la provincia de Buenos Aires está vigente el decreto 9624 que establece que los funcionarios deben presentar la declaración jurada
al asumir y al finalizar su mandato. El ciudadano que quiera acceder a
la información debe "acreditar un interés legítimo o la existencia de un
interés público comprometido".
Tras el reproche presidencial, el vicegobernador Gabriel Mariotto anunció que impulsará
una norma para que los funcionarios, legisladores y jueces provinciales
den cuenta de sus bienes."La falta de una ley de ética pública en
Buenos Aires, así como en otras provincias, es una deuda de cara a la
sociedad", dijo, al tiempo que criticó a los distritos que "no han
avanzado en materia de transparencia como la Nación".
"La falta de una ley de
ética pública en Buenos Aires, así como en otras provincias, es una
deuda de cara a la sociedad", dijo Mariotto
Otra de las provincias que no avanzó es Jujuy, donde la ley 5152
, que se sancionó hace trece años, aún no está reglamentada. La
oposición al gobernador kirchnerista Eduardo Fellner denuncia que no se
ha constituido la Comisión de Ética, el organismo de control que tiene a
su cargo el régimen de declaraciones juradas, según establece la
normativa.
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri,
y demás funcionarios locales entregan la documentación en un "sobre
lacrado y firmado de carácter secreto", según fija el artículo 9 de la
ley 3886, sancionada en 1953. Un proyecto de ley,
que establece la obligación de presentar anualmente las declaraciones
de bienes y prevé la publicación de la documentación en Internet, obtuvo media sanción hace más de dos años en el Senado, pero su tratamiento no prospera en la cámara de Diputados.
"Se necesita voluntad política y actitud proactiva. El
conocimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios debe ser un
principio básico de cualquier gobierno porque es fundamental que la
ciudadanía pueda controlar que no se enriquezcan mientras gobiernan. El
tema de las declaraciones juradas y de la ley ética pública es una
demostración de la deuda pendiente en la Argentina en cuanto acceso a la
información", explicó a LA NACION Emanuele, de Poder Ciudadano.
La documentación respecto del estado del patrimonio de
los políticos también se encuentra bajo llave en Misiones. Los
funcionarios deben presentar sus declaraciones juradas ante el fiscal
del Estado, pero esa información es secreta. Rápido de reflejos -al
igual que Mariotto-, el mandatario Maurice Cross,
alineado con el Gobierno, prometió adaptar la legislación local a la
nacional tras la polémica desatada por las críticas de Darín a la
Presidenta.
