OTROS LO SON POR EL DUEÑO DEL CIRCO

Mientras algunos son atendidos por los Monos

Las Catedras Populares en Concaran.

San Luis, 8 de mayo (Télam).- Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y bajo el lema “Debatiendo los caminos de una Argentina para todos”, se realizó ayer en la localidad de Concarán, provincia de San Luis, otra edición del ciclo de Cátedras Populares sobre “Historia, economía y política”.
Esta actividad tuvo lugar durante toda la jornada de ayer, en esa localidad ubicada a unos 120 kilómetros al noreste de la capital puntana, y contó con la participación de casi un centenar de personas, según informó hoy a Télam, Mariano Ferreyra, representante del espacio político “Carta Abierta de Merlo”.
Entre los disertantes se destacaron el director de Radio Nacional Mendoza y director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, Ernesto Espeche; el coordinador de Investigación de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Daniel Ezcurra, y el licenciado en Antropología, Pablo Quintero, maestrando de FLACSO e investigador del CONICET.
Diversas organizaciones sociales, tales como Kolina San Luis, Fundación La Kumbre, SADOP, CANPO, Banco Popular de la Buena Fe, MANYP, Quines de Pie, Foro Social Educación Paulo Freire, y la Escuela Comercial Nº 30, convocaron a la tercera edición de las Cátedras Populares en Concarán y que previamente se habían realizado en Merlo y Villa Mercedes. (Télam).-

Un analisis interesante

EL MAPA POLÍTICO DE LA ARGENTINA

Por Carlos Chino Fernández

 IAJ-CGT

Los límites del bipartidismo

Analistas políticos y dirigentes de todo pelaje y color suelen decir convencidos que el bipartidismo y con ello, la posibilidad de la alternancia en la gestión del poder, son la garantía de la democracia. Nada más lejos de la verdad…

Lo anterior cobra sentido si pensáramos solamente en los aspectos formales y procedimentales de la democracia. Pero en realidad se trata en esta etapa que comienza, de avanzar más allá de la democracia formal, se trata de construir la democracia verdadera, que implica la participación de las grandes mayorías del pueblo argentino en la toma de decisiones. Para lo cual debemos, des-naturalizar axiomas políticos que se han instalado en la conciencia de las personas, como el referido en esta página. Esta es una larga y tediosa tarea de des-colonización de las conciencias, al decir de Don Arturo Jauretche.

La alternancia de los diferentes gobiernos desde 1983, retrasó la posibilidad de profundizar en un destino común de progreso y justicia social para el conjunto de los argentinos. Llegado el 2001, solamente una minoría de nuestra población salió indemne de los vaivenes de nuestra reciente historia. Ese bi-partidismo sirvió para hundirnos, para hambrear al pueblo y entregar la riqueza de la nación en el marco de un endeudamiento permanente.

A partir del 2002/03, estamos transitando un proceso diferente de recuperación para la economía nacional y el desarrollo colectivo, de una serie de herramientas y resortes claves: Banco central, normalización de las convenciones colectivas de trabajo, nacionalización de las AFJP, inclusión de población en riesgo social (jubilaciones y AUH), etc., etc.

El bi-partidismo, como lo entendiéramos en nuestra historia entre la unión cívica radical (UCR) y el partido justicialista (PJ), ya no existe como tal. La composición social de esos partidos ya no es lo que fuera, ni sus estructuras son las mismas de antes, ni sus representantes, expresan las aspiraciones de las bases que dicen representar. Dentro de este razonamiento binario, están los que sostienen que para resolver la crisis de representatividad, nuestro país debería orientarse hacia la constitución de dos fuerzas políticas al estilo europeo: Una de centro izquierda que bien podría capitanear el gobierno con el apoyo de una serie de expresiones del progresismo y de la izquierda y por otro lado, una fuerza de centro derecha, con eje en un acuerdo de un sector de la UCR y el PJ. Esta salida es inviable, dada la naturaleza de nuestra cultura política y de la influencia del peronismo en la vida nacional. Antes bien, habría que distinguir en los análisis políticos tres o cuatro niveles. A saber:

1), una mirada de nivel personal: Cuando fulano se peleó con sultano. Este con aquél. Las críticas aquí pasan por consideraciones personales, entre personajes  mediáticos en su mayoría. Aquí por ejemplo, se da una polarización dicotómica entre dos referentes o candidatos políticos por sus cualidades personales aparentes.

2), en este nivel tenemos una configuración clásica del análisis político en donde se presentan los partidos políticos, como entidades permanentes, casi como que no han sufrido modificación. Se habla del partido justicialista, de la unión cívica radical, del partido comunista o socialista, como si su contenido social fuese el de siempre. Aquí el bi-partidismo es entre la UCR y el PJ.

3), como lo habíamos mencionado, en este nivel se encuentra la conformación de dos grandes agrupamientos: centro derecha y otro de centro izquierda. Una suerte de bi-partidismo agiornado a la europea.

Este tipo de esquemas, nos permite ordenar la realidad política sin mayores problemas según nos aparece en los debates televisivos o gráficos. Nosotros entendeos que este tipo de lectura nos aleja de comprender la realidad en su esencia y en su complejidad. Esta lógica de razonamiento favorece la desvinculación del personaje- candidato, o de los sellos de los partidos políticos, con los intereses económicos y sociales que representa.

Una lectura posible

A partir del 2002/2003, hemos recuperado un rumbo. A pesar de las críticas acerca de la falta de proyecto o la no definición de un modelo, el país ha encarado un rumbo y una esperanza compartida cada día más. La profundización de las medidas adoptadas hasta el presente requiere de la acumulación de una mayor fuerza política. En este sentido el proceso electoral puede ser un obstáculo. Resta energía para la batalla que se librará en los próximos años. Así pues, es pertinente cuando se analiza nuestra realidad política pensar en la conformación de fuerzas.

Cuando de fuerzas se trata, existen tres en proceso de constitución:

La fuerza del orden (conservadora). El eje aquí es la UCR. Más allá de la posible alianza con el PS, el GEN, el sector más a la derecha que encarna López Murphy o más a la izquierda de Carrió, todo confluye en un fuerza del orden en donde el discurso largo y verborrágico, el uso excesivo de los medios de comunicación, la ocupación de puestos en el poder legislativo y sobre todo en el judicial., es la razón de ser de esta fuerza. Se sumarían productores del campo, y algunas capas medias de poblados y ciudades pequeñas

Después tenemos una fuerza restauradora del orden anterior (liberal): cuyo eje es el PRO, aquí pueden confluir retazos del menemismo, la Asociación Empresaria Argentina, una parte de la Mesa de enlace y de representantes de la banca. Se inscriben segmentos sociales acomodados de la capital y enclaves privilegiados del gran Bs. As.

Por último una fuerza transformadora: Aquí el eje es el gobierno, el movimiento obrero de organización sindical, los movimientos sociales, movimientos juveniles del campo de la militancia barrial y del sistema educativo, productores del campo y la industria del campo nacional, agrupamientos de profesionales comprometidos con el desarrollo nacional, un sector de la UIA y segmentos sociales de todo el entramado social argentino.

¿Y el PJ Federal?, después de las fallidas internas de las internas, y más allá de los dirigentes del sector que no dejan de cometer todos los errores habidos y por haber, resta saber que sucederá con las bases que representan. Tienen dos caminos: o retomar el cauce natural del proceso de transformación, o podrán ser arrastrado por la contra-corriente al pasado inmediato.

 

27 de abril de 2011

Con la lucha se puede cambiar las cosas

San Luis, Viernes 6 de Mayo de 2011

CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD

El día 4 de Abril los y las estudiantes del Centro Educativo Nº 8 Maestras Lucio Lucero, decidimos no entrar a clase, quedándonos en estado se asamblea, tras el fracaso de numerosos pedidos de solución a las problemáticas en la seguridad, personal de limpieza, porteros, administrativos, docentes, preceptores, infraestructura entre otras.

Por decisión de los alumnos y alumnas solicitamos al ministro de educación, Marcelo Sosa, que asistiera a la escuela para ver personalmente la situación que la comunidad educativa padece día a día. Éste, finalmente a las 11:00 Hs, acudió a nuestro llamado presentándose en el establecimiento. Luego de un arduo debate con el ministro, sin nunca abandonar el estado de asamblea, se comprometió públicamente a cubrir cada una de las carencias de la escuela.

Terminada la desgastante jornada los y las estudiantes sufrimos las mentiras de algunos medios de comunicación. Nuestra difamación casi como una forma represiva, etiquetándonos de drogadictos, mal educados, que tomamos bebidas alcohólicas en las aulas, que no queremos tener clases, está casi de mas aclarar que nos importa nuestra educación, por eso luchamos por ella, que nos encontrábamos tirados en el establecimiento en espera del ministro, mientras que en realidad estábamos enumerando las problemáticas todas y todos juntos. También se dijo que no lo dejábamos hablar, y que nos dirigimos de forma irrespetuosa, la realidad es que lo hicimos correctamente y con interés por recibir respuestas a nuestros reclamos.

Hoy las chicas y los chicos vemos cambios, mejoras, se termino el 70% del cierre perimetral, lo que no incluye garitas, se paso a 2 personas de pasantes a contratados, están en designación 5 personas para personal de maestranza, se nombro a una psicóloga que va a trabajar con talleres para padres, formación de preceptores y preceptoras y contención de los alumnos, se va a confeccionar un mapa con los distintos centros de asistencia a problemáticas y necesidades para difundir y derivar a esos centros a los estudiantes, aunque no va a existir en la escuela el box psicopedagógico ni el trabajo directo con los chicos.

Pero seguimos estudiando en puertas en vez de mesas, aprendemos computación en el pizarrón, seguimos sin todo el personal de limpieza, docente, administrativo. Seguimos teniendo educación física sin material, a las 9:30 Hs ya no tenemos agua, estudiamos en bancos rotos, tenemos un laboratorio vacio de elementos, el box del centro de estudiantes sigue sin puerta, luz y vidrios y los calefactores no están en buen estado para su uso.

Por eso seguimos esperando atentos e interesados las soluciones a las que el ministro se comprometió.

Sabemos que la educación pública y de calidad es nuestro derecho, y como estudiantes estamos dispuestos a exigir que se lo respete y trabajar porque se cumpla.

Centro de Estudiantes Lucio Lucero

Contacto: celuciolucero@gmail.com

Aldana Saavedra Acosta: 02652 – 15681783

Yessica Fernandez Ledezma: 02652 - 15708981

Respuesta del Gobierno Nacional a la visita de la SIP

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011

A los Sres. Miembros de la Delegación

De la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

De mi consideración:

Entre el 18 y el 25 de agosto de 1978, en plena dictadura militar, la Argentina recibió una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) encabezada por Edward Seaton, propietario del diario "Mercury" de Kansas e Ignacio Lozano, de "La Opinión" de Los Angeles. Durante su visita, los representantes de la SIP entrevistaron a más de cinco docenas de personas y elaboraron un documento notable, que no fue divulgado entonces por la prensa de nuestro país. Entre las principales conclusiones de ese informe se destacan las siguientes: para los editores argentinos la seguridad nacional tenía prioridad sobre la libertad de expresión, justificaban la censura por manifestarse de acuerdo con la dictadura militar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de ese comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel mediante la empresa Papel Prensa.

No hace falta explicar demasiado el contexto en que fue realizada esa visita. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el asesinato, el secuestro y la desaparición de miles de personas -entre ellos más de un centenar de periodistas-, la existencia de campos de concentración donde reinaba la tortura y la muerte, y la difusión del terror sobre el conjunto de la sociedad definieron aquella época que recordamos como la más trágica de nuestra historia.

La Argentina recuperó en 1983 la institucionalidad democrática y desde entonces sostiene la plena vigencia del Estado de derecho. Los ciudadanos de nuestro país, entre ellos los periodistas, los trabajadores de prensa y los dueños de medios de comunicación, gozan de completa libertad para investigar, recabar información, opinar y expresar sus ideas.

Nuestra gestión está comprometida con la defensa más irrestricta de la libertad de expresión, como puede comprobar cualquier ciudadano, e inclusive cualquier observador externo, hojeando un periódico local o viendo la televisión apenas unos minutos. Las críticas al gobierno nacional, en muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo, son moneda corriente en la mayoría de los medios que informan a los argentinos. Por otro lado, es notable la omisión de información relevante acerca de medidas del gobierno nacional, así como la desinformación a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco pudor. Estos hechos contribuyen a la construcción imperturbable de realidades virtuales que obligan a los ciudadanos a verificar a diario en qué mundo viven. Aunque resulta asombroso que suceda de continuo sin que se tema poner en juego el prestigio y la confiabilidad que son valores indispensables para la labor periodística; esta administración no ha osado ni osará silenciar a nadie. Entiende que es preferible soportar la difamación constante antes que cometer el más insignificante acto de censura.

Pero no basta con la garantía de no censurar. Además de respetar el derecho de opinión de los propietarios de medios -a quienes ustedes representan- y la potestad que tienen para ejercerlo por intermedio de sus empresas periodísticas; queremos defender la libertad de expresión como garantía de participación en el debate público de las mayorías a quienes representamos como autoridad democráticamente elegida-.

En esta línea, hemos impulsado con mucha decisión un proceso de profunda transformación bajo el marco de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se ha convertido en una referencia a nivel regional e internacional. Sus objetivos son claros: promover la desconcentración, fomentar la competencia y garantizar la participación del sector privado no comercial en el mercado de la comunicación para abaratar y universalizar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y democratizar los contenidos que por su intermedio se difunden. Al mismo tiempo, hemos desarrollado otro conjunto de políticas (relatadas en el Apartado I del Informe adjunto) que suscriben la misma orientación general y responden al propósito complementario de garantizar un servicio público de comunicación de calidad, de carácter federal y popular, inclusivo de las producciones y el pensamiento nacional, y dirigido a todos los habitantes de nuestra patria sin exclusión alguna. Consideramos que es la mejor forma en que el Estado puede ejercer de modo efectivo la defensa de la libertad de expresión, entendida como derecho de todos.

El gobierno es consciente de que estas políticas deben implementarse en un contexto adverso, justamente aquél que apuntan a revertir: el de la acentuada concentración del mercado de las comunicaciones. Sabemos que se trata del principal problema en la agenda de la libertad de expresión a nivel global, regional y nacional y entendemos que no alcanza con denunciar la concentración como amenaza estructural, si no podemos avanzar un paso más y hablar de sus actores concretos, los grupos concentrados.

En ese sentido, la visita de la SIP no puede ser más oportuna, ya que el grupo empresarial Clarín, formado por capitales argentinos y extranjeros y socio de vuestra organización, se ha constituido en el mayor obstáculo para lograr una vigencia plena de la libertad de expresión en nuestro país.

El grupo Clarín, tal como la SIP constató en 1978, usufructuó su negativa a informar sobre la desaparición de personas para asociarse con el Estado en la explotación de Papel Prensa. Esto le permitió adquirir una posición privilegiada en el mercado, que consolidó más tarde con generosas regulaciones ofrecidas por distintos gobiernos democráticos, las que sin embargo incumplía. Hoy, haciendo abuso de su posición dominante, discrimina a sus competidores, censura periodistas, inhabilita la actividad gremial de sus empleados, despide delegados o los espía para luego denunciarlos en sus propios medios, impugna judicialmente las decisiones asumidas por amplia mayoría en el Parlamento e incluso se resiste permanentemente a respetar los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo.

Nos preguntamos si estas acciones que preocupan seriamente al gobierno y a muchos ciudadanos en nuestro país son vistas también con preocupación por las organizaciones internacionales que nuclean a las entidades periodísticas. ¿No es acaso para ustedes objeto de alarma el que un miembro de vuestra sociedad fundada en 1926 con el objetivo de "alentar normas elevadas de profesionalismo y conducta empresarial" viole los derechos y principios que procuran defender?

No existe de parte del Grupo Clarín y sus aliados reconocimiento de estos problemas. Por el contrario, los escuchamos a diario realizar acusaciones infundadas que intentan reducir nuestra convicción democratizadora a una cruzada autoritaria contra la sociedad y contra ellos.

Como respuesta, podemos decir que nuestra política pública ha sido abierta y transparente. Toda la sociedad la conoce y la mayor parte de ella venía reclamándola hace muchos años con su movilización y compromiso. El debate y sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una prueba cabal de ello. Nada más alejado de la oscura persecución de una administración contra víctimas indefensas que esa ley, fruto del trabajo colectivo, alumbrada a plena luz del día, en el recinto que representa la voluntad de las mayorías populares.

Es legítimo que quienes han crecido bajo otro orden, que posibilitó y sostuvo las prácticas monopólicas en el mercado de las comunicaciones, no se sientan representados por estas políticas. Lo que no es legítimo es que sostengan una campaña de difamación pública, haciendo abuso de su posición dominante para falsear la realidad y que se escuden para proteger sus intereses empresariales en una supuesta defensa de derechos que incumplen de modo sistemático.

No existe hoy ninguna limitación estatal a la libertad de expresión en Argentina. Lo que existe es una ley, aprobada en el Parlamento, que promueve la limitación de los monopolios en el campo de la comunicación para proteger la defensa del pluralismo y la diversidad de voces. Del mismo modo como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus principios, al sostener que "los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes anti-monopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos"1 y la Unesco, cuando en un documento de 2008 señala que las autoridades deben "exigir la desinversión en las operaciones mediáticas actuales cuando la pluralidad esté comprometida o se alcancen niveles inaceptables en la concentración de la propiedad"2, el gobierno nacional entiende que la desconcentración constituye un requisito para el ejercicio de la libertad de expresión.

1 Para más información, véase: http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm

2 Indicadores de Desarrollo Mediático. Aprobado por el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO en 2008.

Para más información, véase: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102s.pdf

Existe un amplio debate hoy acerca de estas cuestiones en los ámbitos académicos, sociales y políticos, tanto a nivel internacional, como regional y nacional. La cuestión planteada se refiere a si es posible garantizar el pluralismo informativo en un contexto de concentración tan acentuado, y qué papel debe asumir el Estado para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.

Es importante resaltar que, en América latina, el debate no pone solamente en juego el ejercicio de derechos individuales ni involucra al Estado únicamente como garante de éstos, sino que el poder económico de los grupos concentrados de medios y su capacidad de intervención en el debate público como un actor central, limita o en muchos casos disciplina a gobiernos, legisladores y funcionarios judiciales.

Se trata de una cuestión fundamental entonces que pone en juego también la calidad de nuestras democracias. En este sentido, la existencia de un mercado de la comunicación dominado por pocos grupos empresariales tiende a promover la formación de una opinión pública uniformada y un poder político subordinado, además de obturar el desarrollo de la libre expresión de ideas y difusión de informaciones.

Llamemos a las cosas por su nombre. Si existen limitaciones a la vigencia plena de la libertad de expresión hoy en Argentina, no se debe a la acción de este gobierno, que ha sido nítida y democrática; sino a la posición dominante de un conglomerado de medios -que funciona en los hechos como un actor político- y que ha decidido sostener su poder en el mercado de la comunicación colocando sus intereses corporativos por encima de las leyes de la República y de los derechos de las mayorías.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los miembros de la delegación de la SIP que se encuentra visitando nuestro país que:

 Examinen con atención las políticas públicas que hemos resumido en el Apartado I para sumarlas a una evaluación equilibrada y de conjunto sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país. No se trata sólo de limitar sino fundamentalmente de propiciar y promover nuevos actores en el ámbito de la comunicación y de garantizar la libertad de expresión para las mayorías.

El imprescindible pluralismo de las comunicaciones demanda avanzar sobre la desconcentración del sistema mediático, impedir la consolidación de nuevas posiciones dominantes y, al mismo tiempo, fortalecer el surgimiento de nuevos actores en las comunicaciones masivas. Sobre el fin de 2010, más de 15 000 nuevos medios de todo el país habían presentado solicitudes para los procesos de entrega de licencias que comenzarán en 2011. Sin duda, este universo que ahora sale a la luz representa una amenaza para quienes se han repartido durante años los mercados de anunciantes, lectores, oyentes y televidentes. Capítulo VIII, "Libertad de expresión y derecho a la información. Tensiones y desafíos en torno a la democratización de la palabra", Luis Lozano, Derechos Humanos en Argentina, Informe Anual 2011, CELS, Siglo XXI Editores.

 Escuchen con respeto la opinión de los numerosos sectores de la sociedad civil que han tenido participación en el proceso de debate público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: organizaciones sindicales de los trabajadores, sus centrales obreras, movimientos sociales, de derechos humanos, partidos y organizaciones políticas, las universidades nacionales, el movimiento cooperativista, radios y canales comunitarios y pymes, los pueblos originarios, y numerosas expresiones de la cultura, junto a ciudadanas y ciudadanos interesados en esta problemática.

 Ponderen las declaraciones y manifestaciones de los numerosos organismos internacionales que trabajan por la defensa de la libertad de expresión y los de aquellos que integran el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, quienes han elogiado reiteradamente las políticas del actual gobierno argentino, fundamentalmente en lo que respecta a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la ley de despenalización de calumnias e injurias para asuntos de interés público.

 Analicen las denuncias actuales de los actores privados del mercado de la comunicación en Argentina a la luz de las políticas públicas –legítimas y transparentes- que afectan sus intereses concretos y los convierten en juez y parte de su propaganda alarmista.

 Evalúen las irregularidades resumidas en el Apartado II del presente documento, que constituyen una conducta sistemática de violación a la libertad de expresión por parte del grupo empresarial Clarín.

Finalmente, esperamos que puedan ser razonablemente ecuánimes, en honor a aquella visita memorable de 1978 y en atención al abismo que la separa de la realidad que estamos viviendo, no exenta de conflictos y disputas, pero en la que rige la más plena garantía estatal para el ejercicio de las libertades y derechos del conjunto de los ciudadanos.

Quienes entonces callaban el horror, hoy vociferan por una posible pérdida de sus privilegios. Eso no nos asusta. Sí que intenten convertir al gobierno democrático que legítimamente propone limitar sus pretensiones monopólicas en el monstruo autoritario que entonces apañaron en silencio para obtener estos negocios que consiguieron y defienden a cualquier precio.

Dr. Juan Manuel Abal Medina

Secretario de Comunicación Pública

Las elecciones serían el 23 de octubre

Cronograma electoral 2011

Las elecciones serían el 23 de octubre

San Luis (Pelr) 04-05-11. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá admitió que están "evaluando" la fecha del 23 de octubre para realizar las elecciones en San Luis, conjuntamente con las elecciones nacionales. El jueves último, este medio había anticipado que esa era la fecha que estudiaba el oficialismo para realizar la convocatoria, pero el día anterior, si bien la fecha circuló, no había querido ser confirmada o desmentida por ninguno de los consultados.
Si bien no quizo precisar el calendario para la provincia, admitió que "podrían ser el 23 de octubre", y bromeó diciendo: "Ya tengo miedo de poner una fecha, porque se enojan", haciendo referencia al anterior llamado que hizo para el 14 de agosto, que no respetaba los plázos mínimos impuestos por la ley electoral provincial y originó el malestar de la oposción.
Tampoco quizo hablar de las candidaturas provinciales y a quién postularía el Partido Justicialista para sucederlo. "Si querés te digo quien va a ganar", le respondió irónicamente a la periodista que insistía con la pregunta.
Hasta el momento son tres o cuatro las candidaturas que baraja el oficialismo, al menos extraoficialmente: la del actual gobernador, que tendría vedada su participación por la reforma constitucional que él mismo impulsó; la de su hermano Adolfo, el actual senador, que ha dicho en reiteradas oportunidades que "preferiría que no"; la de su jefe de Gabinete, Claudio Poggi y en menor medida, la de la actual intendenta de San Luis, Alicia Lemme, quien ya ocupó la gobernación desde fines de 2001 hasta el 25 de mayo de 2003, cuando reemplazó al mayor de los Rodríguez Saá en su breve interregno de una semana en la presidencia de la Nación.
El mandatario se refirió a estos temas tras inaugurar en las últimas horas de la tarde del lunes la presa sobre el Rio Quinto, que bautizó "El Saladillo", por la proximidad a la antigua localidad del mismo nombre. En su alocución pidió especialmente que colocaran carteles con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en el perilago, como un reconocimiento a quienes el 2 de mayo de 1982 murieron tras el hundimiento del ARA General Belgrano y, con un fibrón, a un costado de la placa que recordaba la inauguración, insertó esa leyenda y su
firma.
En torno a su candidatura presidencial, el mandatario puntano anticipó que continuará con su recorrido por el país para tratar distintos problemáticas que ocurren en la argentina y anticipó que en Misiones "abriremos la agenda para hablar de medio ambiente; el (encuentro) de cultura vamos a hacerlo en Rosario, un lugar emblemático y vamos a recorrer el país mostrando qué pensamos hacer si somos gobierno", señaló.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

Fuente: Periodistas en la red

CRISTINA PRESIDENTE "ESTOY CON VOS"

Vean este video que tiene un Jingle que esta haciendo furor

Proyecto para limitar la venta de terrenos a personas extranjeras

La presidenta adelantó que se trataba de un proyecto de pocos artículos. Así es la iniciativa que pone límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La norma limita esas transacciones poniéndole un límite de mil hectáreas para un mismo titular. Asimismo, para el caso de sociedades, pone topes máximos para la participación extranjera. El proyecto lleva el nombre de "Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión, o tenencia de tierras rurales", y en su artículo 9 establece un tope de hasta 1000 hectáreas, en la tenencia de tierras rurales por parte de un mismo titular extranjero. ¿Cómo se calculan esas mil hectáreas? Considerando "parámetros complementarios" tales como la localización de las tierras rurales, la capacidad y calidad de las tierras para su uso y explotación, la situación de otras tenencias de tierras rurales del adquiriente. En su artículo 7°, se limita en un 20 por ciento "toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional" respecto de las personas y empresas. En el caso de las personas o empresas extranjeras de una misma nacionalidad "no podrán superar el límite de 30% del porcentual asignado en el articulo 7". Esto es, 30% de un 20%. El proyecto destaca que el espíritu y la letra de la iniciativa "no sólo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país". Tal cual se encargó de remarcar la presidenta cada vez que desde marzo habló sobre esta norma, el proyecto aclara que "en ningún modo resulta un legislación xenófoba prohibitiva, o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado". El proyecto considera titulares extranjeros a aquellas personas de nacionalidad extranjera, tengan o no domicilio en la Argentina, y a empresas cuyo capital social sea mayor al 51%. Aquellos propietarios extranjeros de las tierras rurales, deberán dentro del plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley proceder a la denunciar las mismas ante la Autoridad de aplicación de dicha titularidad. Asimismo se crea el registro Nacional de Tierras Rurales, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como también el Consejo Interimnisterial de Tierras Rurales, que será la Autoridad de Aplicación de la ley, el cual estará presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y conformado por el Ministerio Agricultura, Defensa, Interior, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se prevé la realización de un relevamiento catastral para determinar la propiedad de las tierras rurales existentes, dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la ley y tomando como fecha de configuración del relevamiento, la situación existente al 1 de enero de 2010.- Tomado de El Parlamentario.